El COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado en los dos millones de trabajadores agrícolas de nuestra nación, quienes, como trabajadores esenciales, continúan trabajando en los campos a pesar de los numerosos brotes mortales y sin protecciones federales en el lugar de trabajo relacionadas al COVID.
El COVID-19 ha levantado el velo sobre las condiciones de trabajo sorprendentemente pobres de estos trabajadores esenciales, construidas por décadas de políticas insuficientes de salud y seguridad para los trabajadores agrícolas, políticas de inmigración deficientes y acceso limitado a la atención médica. Como consecuencia, al menos 86,700 trabajadores de la Alimentación han dado positivo al COVID-19, pero con una recopilación de datos desigual, agravada por la falta de transparencia de las empresas sobre los brotes en el lugar de trabajo y el hecho de que los trabajadores eviten las pruebas debido al temor a perder ingresos, las cifras que tenemos son probablemente una subestimación.
Un nuevo análisis señala que cada punto porcentual adicional de trabajadores agrícolas por población general en un condado fue asociado con 5.79 muertes más por COVID-19 - pero no contribuyó a más muertes por cada 100,000 residentes. Los investigadores concluyeron que "los trabajadores agrícolas pueden enfrentar riesgos únicos al COVID-19 más allá de cuestiones de idioma, seguros o economía".
La Administración de Biden debería emitir un estándar federal para proteger a los trabajadores del COVID-19 que incluya a los trabajadores agrícolas. Pero más allá de las acciones específicas de COVID para los trabajadores agrícolas, la Administración de Biden también debería abordar urgentemente las condiciones subyacentes de salud y lugar de trabajo que precedieron al COVID.
Una peligrosa reversión regulatoria
Una forma clave en la que la Administración de Biden puede comenzar a corregir el rumbo es haciendo cumplir y salvaguardar el Estándar de Protección del Trabajador (WPS) (por sus siglas en el inglés Worker Protection Standard), la principal regulación federal que protege a los trabajadores de la exposición a pesticidas. La exposición a pesticidas debilita los sistemas respiratorio, inmunológico y nervioso - lo que exacerba los riesgos al COVID-19 de los trabajadores agrícolas.
Desafortunadamente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (por sus siglas en inglés Environmental Protection Agency) bajo la Administración de Trump hizo varios esfuerzos para debilitar o eliminar disposiciones clave de la WPS, que habían sido revisadas y mejoradas al final de la Administración de Obama. El WPS es un valor atípico en los estándares de salud ocupacional, porque los pesticidas, aunque son un peligro en el lugar de trabajo, están regulados por la EPA, en vez de por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) (por sus siglas en ingles Occupational Safety and Health Administration), que cubre la salud ocupacional en todas las demás industrias. Este es solo un ejemplo de cómo los trabajadores agrícolas están exentos de las protecciones básicas otorgadas a otros trabajadores.
Muchos de los esfuerzos de la Administración de Trump para debilitar la WPS se vieron frustrados por la defensa y el litigio de grupos ambientalistas y de trabajadores agrícolas. Sin embargo, uno de los retrocesos propuestos por la Administración de Trump a la WPS sigue siendo: la eliminación de la Zona de Exclusión de Aplicaciones (AEZ) (por sus siglas en inglés Application Exclusion Zone), que requería que los manipuladores de pesticidas dejen de aplicar pesticidas si alguien está cerca del área que se está fumigando. Si la regulación final de Trump a la AEZ entra en vigencia, los trabajadores agrícolas en los campos vecinos, los niños en los patios de recreo de la escuela o en sus propios patios y los residentes rurales que realizan su día pueden estar muy cerca de los lugares donde se rocían los pesticidas, siempre y cuando no estén en la misma propiedad, sin ningún requisito de que el aplicador suspenda las fumigaciones. Cada año se aplican más de un billón de libras de pesticidas, diseñados para matar insectos, malezas y otras plagas, en los campos agrícolas de EE. UU. Además de las intoxicaciones agudas, los pesticidas también están asociados con daños a la salud a largo plazo, incluidos varios cánceres, daños al desarrollo y a la reproducción y daños neurológicos, tanto para los trabajadores agrícolas como para los miembros de la comunidad que están expuestos crónicamente a los pesticidas.
En diciembre del 2020, la Farmworker Justice y la Earthjustice, actuando en nombre de una coalición de grupos que incluye a Migrant Clinicians Network, demandaron a la EPA para detener estos cambios. Actualmente existe una orden judicial que impide que los cambios se implementen a medida que avanza el caso - pero la Administración de Biden tiene la responsabilidad de proteger a estos trabajadores, en lugar de depender de los tribunales. Y el problema de la dispersión de pesticidas en propiedades cercanas es solo uno de los muchos desafíos que enfrentan los trabajadores agrícolas cuando se trata de exposición a pesticidas.
Una oportunidad para corregir los errores
Crédito: Aqua Mechanical / flickr
Estos arduos trabajadores agrícolas, de los que todos dependemos para los alimentos que comemos, merecen una protección inmediata y eficaz. La nueva Administración tiene una oportunidad única de poder tomar ventaja del renovado entendimiento público respecto a la explotación de los trabajadores agrícolas, para proveer las ya retrasadas protecciones para mantener seguros a los trabajadores esenciales, y transformar nuestros sistemas alimentarios y asegurar lugares de trabajo, vecindarios y el medio ambiente saludable, mediante:
• Rechazar el intento de la Administración de Trump de debilitar los requisitos de la Zona de Exclusión de aplicaciones (Application Exclusion Zone);
• Aumentar el monitoreo y la aplicación de las WPS, incluyendo, entre otras, disposiciones como la edad mínima de 18 años para aplicar pesticidas, capacitación adecuada para los trabajadores en un lenguaje que comprendan, y acceso a los trabajadores de la información sobre la aplicación de pesticidas;
• Exigir protecciones por deriva de pesticidas en las etiquetas de los pesticidas propensos a la deriva para proteger mejor a los trabajadores, transeúntes y comunidades;
• Exigir que todas las instrucciones de las etiquetas de los pesticidas estén escritas en español y / o en otros idiomas que hablen los trabajadores para que tengan la información que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus familias.
• Prohibición de pesticidas altamente tóxicos como el clorpirifos;
• Usar métodos científicos precisos para determinar el riesgo de los pesticidas, incluyendo tomar en cuenta la exposición potencial a largo plazo de los trabajadores agrícolas, cuando se tomen determinaciones sobre la seguridad de los pesticidas y el registro de productos pesticidas;
• Incluir a los trabajadores agrícolas y las organizaciones que sirven a los trabajadores agrícolas como partes interesadas clave en la EPA, con un enfoque en la justicia ambiental.
Estos son sólo algunos de los pasos esenciales que la nueva Administración puede tomar para proteger a los trabajadores agrícolas de los peligros extremos en sus lugares de trabajo. Se necesita hacer mucho más sobre los múltiples factores que impactan negativamente la salud de los trabajadores agrícolas, como la pobreza, el estatus migratorio, las barreras del idioma y el temor a represalias.
El COVID-19 ha demostrado que un sistema de salud pública sólido y un sistema alimentario funcional requieren salud y derechos humanos básicos para todos nuestros prójimos, especialmente para aquellos que normalmente quedan fuera. La Administración de Biden tiene el deber y una oportunidad para mejorar nuestros sistemas - y, en consecuencia, mejorar la salud y el bienestar de nuestra nación.
Amy K. Liebman es Directora de Salud Ambiental y Ocupacional para la Migrant Clinicians Network, una organización sin fines de lucro enfocada en crear soluciones prácticas en la intersección de la vulnerabilidad, la migración y la salud. Iris Figueroa es la Directora de Farmworker Justice, una organización sin fines de lucro que busca empoderar a los trabajadores agrícolas migrantes y estacionales para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, estatus migratorio, salud, seguridad ocupacional y acceso a la justicia.
Foto de banner. (Crédito: Dan Long / flickr)
