El jurado estuvo de acuerdo y ordenó a Monsanto que pagara al hombre 289 millones de dólares por daños y perjuicios, concluyendo así el primer juicio por cáncer de Roundup del mundo.
Desde entonces, más de 100.000 demandantes expuestos al Roundup han buscado retribución en los tribunales. Aunque Bayer, la colosal empresa química y farmacéutica alemana que ahora es propietaria de Monsanto, ha acordado pagar miles de millones de dólares para poner fin a estas demandas por cáncer, los expertos legales dicen que los trabajadores agrícolas migrantes, que están en el primer plano de la exposición a pesticidas y herbicidas -incluido el Roundup-, se espera que queden fuera.
Es difícil saber con exactitud cuántos trabajadores agrícolas migrantes han presentado demandas contra Bayer. Sin embargo, tras hablar con los bufetes de abogados que han representado a los demandantes de las principales demandas por cáncer relacionadas con el Roundup y con organizaciones de trabajadores agrícolas de todo el país, EHN ha encontrado pocas pruebas de que algún trabajador agrícola migrante lo haya hecho. El miedo a las represalias y la falta de recursos legales y de estatus migratorio han disminuido la probabilidad de que los trabajadores agrícolas migrantes busquen justicia y compensación.
Baum Hedlund Aristei & Goldman es el bufete de abogados que co-representó a Dewayne Lee Johnson-el encargado del mantenimiento de jardinería de la escuela secundaria en el primer juicio por cáncer de Roundup. El bufete, que desde entonces ha representado a unos 3.400 demandantes en juicios por cáncer relacionadas con el Roundup, dijo a EHN que ningún trabajador agrícola ha acudido al bufete pidiendo ser representado. El bufete también señaló que cuando preguntaron a la Unión de Campesinos (UFW), una de las mayores organizaciones de trabajadores agrícolas del país, cuántos trabajadores agrícolas de la UFW se habían presentado para el acuerdo, la respuesta fue que ninguno.
Este ensayo también está disponible en inglés
En un correo electrónico a EHN, Moore Law Group, el bufete de abogados con sede en Louisville, Kentucky, que co-representó al demandante Edwin Hardeman en el segundo juicio por cáncer de Roundup y afirma representar a miles de personas en todo el país que han estado expuestas al Roundup y han desarrollado linfoma no-Hodgkin, también escribió: "no representamos a ningún trabajador agrícola migrante, que sepamos". "[Los trabajadores agrícolas migrantes] están en una posición realmente difícil", dijo a EHN Jennifer Moore, fundadora del bufete y coasesora del juicio de Edwin Hardeman. "Si su estatus migratorio está en duda, pueden tener miedo de presentarse".
Aproximadamente la mitad de los más de un millón de trabajadores agrícolas de Estados Unidos no tienen autorización para trabajar, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), aunque la cifra real es difícil de medir y se prevé que sea mayor. Los mismos datos afirman que el mayor porcentaje de trabajadores agrícolas no autorizados en EE.UU. se encuentra en California. Aunque la cifra exacta es difícil de obtener, los investigadores y defensores de los derechos humanos estiman que más del 60% de los más de 400.000 trabajadores agrícolas de California carecen de estatus legal.
"Teniendo en cuenta el hecho de que muchos trabajadores agrícolas son indocumentados, es muy, muy difícil esperar que se presenten en una demanda", declaró a EHN Laurie Beyranevand, profesora de derecho en la Escuela de Derecho de Vermont y quien dirige el Centro de Agricultura y Sistemas Alimentarios de la escuela. "El simple hecho de poner su nombre en un registro público o de formar parte de la clase y dar un testimonio que sea público... eso [en sí] crea una enorme cantidad de retos y obstáculos para los trabajadores agrícolas".
Exposición de los trabajadores agrícolas migrantes a los pesticidas
Aproximadamente la mitad de los más de un millón de trabajadores agrícolas en los EE. UU. No tienen autorización de trabajo, según datos del USDA. Salinas Valley, California, es un importante centro agrícola que depende en gran medida de la mano de obra migrante. (Crédito: David Prasad / flickr)
La ausencia de trabajadores agrícolas migrantes en el acuerdo del Roundup no significa que no estén expuestos al herbicida. "Los trabajadores agrícolas, ya sea directa o indirectamente, están trabajando con una gran cantidad de productos químicos peligrosos como el glifosato", declaróa EHN Eriberto Fernández, de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, una organización hermana de la UFW.
El glifosato, el ingrediente activo del Roundup, es el herbicida más utilizado en Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Y la agricultura representa el 90% del uso de glifosato en este país, según un estudio del 2018, que también estimó que desde que Monsanto introdujo Roundup en 1974, el uso general de glifosato se multiplicó por 200 hasta el 2014. El noventa porciento (90%) de este aumento, según el estudio, provino de la agricultura.
Tomemos por ejemplo a California, uno de los principales estados agrícolas de EE.UU. Todo el estado está en "un baño de glifosato", dijo a EHN Martha Richmond, una bioquímica ambiental de la Universidad de Suffolk en Boston que fue la autora de la revisión. "Me horroricé cuando miré estos datos". En 2017, California aplicó más de 200 millones de libras de ingredientes activos de plaguicidas a más de 100 millones de acres de tierras de cultivo, calculó el Informe de Uso de Pesticidas del estado. Y el glifosato, según el informe, se roció en más acres que cualquier otro pesticida y estuvo entre los tres principales pesticidas utilizados por peso.
Los trabajadores agrícolas suelen estar expuestos a una gran cantidad de químicos, lo que complica la situación. El Roundup es sólo "uno de toda la sopa tóxica de pesticidas" a la que están expuestos los trabajadores agrícolas, afirmó a EHN Jeannie Economos, coordinadora de salud y seguridad de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
"En muchas ocasiones, fumigaban justo a mi lado mientras recogía frutas", dijo a EHN Ernestina Solorio, una trabajadora agrícola mexicana que llegó a Watsonville, California, en 1993. "Yo sólo recogía la fruta y nadie me decía qué estaban fumigando".
Por ello, es aún más difícil para los trabajadores agrícolas establecer la causalidad cuando litigan contra un fabricante específico de pesticidas por los daños causados, señaló Beyranevand. Para construir un caso sólido, explicó, un trabajador agrícola necesitaría expertos para documentar qué se está rociando, a qué productos químicos estuvo expuesto el trabajador agrícola, y un experto médico para testificar la conexión entre ese producto químico en particular y las condiciones médicas que el trabajador tiene. En el caso de Edwin Hardeman contra Monsanto, por ejemplo, el equipo del demandante "reunió a un gran número de expertos de renombre mundial" en el linfoma no Hodgkin para explicar la ciencia al jurado, dijo Moore, el abogado adjunto del juicio de Hardeman a EHN.
"Tienes que construir tu caso", dijo Moore. "Y esto muy costoso".
Conección entre el cáncer y el Roundup
Durante décadas, Monsanto, ahora parte de Bayer, ha afirmado que el Roundup es seguro de usar. Sin embargo, en el 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como "probablemente cancerígeno para los humanos."
Aunque Monsanto se defendió, inmediatamente muchos países -entre ellos Austria, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí y Vietnam- prohibieron o restringieron el uso de herbicidas a base de glifosato desde el anuncio de la OMS.
"Mucha gente piensa que si un químico está en el mercado, tiene que haber sido aprobado por el gobierno", explicó a EHN el Dr. Philip Landrigan, epidemiólogo ambiental del Boston College que anteriormente se desempeñó como Jefe de la Actividad de Peligros Ambientales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). "Pero, de hecho, muchos de los productos químicos comercializados sólo han recibido un escrutinio y un examen mínimos".
"Puedo decir con un alto grado de confianza que creo que el glifosato causa linfoma", añadió Landrigan.
Las agencias reguladoras estadounidenses, por su parte, afirman que el glifosato es seguro. En enero del 2020, la EPA volvió a aprobar el uso del glifosato como herbicida, afirmando que la agencia no encontró "ningún riesgo preocupante para la salud humana" por los usos actuales. Además, la EPA afirma que "no hay pruebas de que el glifosato cause cáncer en los seres humanos" y "no hay indicios de que los niños sean más sensibles al glifosato."
Sin embargo, los críticos denunciaron la decisión de la EPA y expresaron su preocupación por sus estrechos vínculos con la industria de los pesticidas. Por ejemplo, el ex funcionario de la EPA Jess Rowland alegadamente le dijo a un ejecutivo de Monsanto: "Si puedo aniquilar esto debería recibir una medalla", mientras se refería a una posible revisión negativa del herbicida por parte de otra agencia gubernamental, según documentos judiciales.
Bayer sigue manteniendo su afirmación de seguridad hoy en día. En una declaración por correo electrónico, un portavoz de Bayer dijo a EHN que "el Roundup ha sido evaluado y aprobado por reguladores sanitarios independientes de todo el mundo, incluida la EPA, que han determinado que el Roundup puede utilizarse de forma segura según las indicaciones". Sin embargo, tras las costosas demandas, Bayer anunció este mes de julio que la empresa retirará los productos a base de glifosato de los mercados residenciales de Estados Unidos, pero no de los mercados comerciales y agrícolas.
Protecciones en el lugar de trabajo de los trabajadores agrícolas
Trabajadores en un campo agrícola en Nipomo, California, en el condado de San Luis Obispo. (Crédito: Tony Webster / flickr)
Los estudios han demostrado que la exposición a los pesticidas es un riesgo conocido para la salud de los trabajadores agrícolas. Aun así, los trabajadores agrícolas rara vez denuncian los incidentes de exposición, por temor a la deportación y a las represalias, declaró a EHN Jaime Chávez, organizador de campo de la Coalición Rural, una organización de base con sede en Washington D.C. que representa a los agricultores y trabajadores agrícolas de todo el país. Chávez no tenía conocimiento de ningún trabajador agrícola migrante que participara en las demandas por cáncer de Roundup.
"La gente tiene miedo porque no tiene documentos, y si hablan de eso [exposición a pesticidas], pueden ser despedidos. O a veces el propietario [de la granja] decía 'si habla, llamaremos a inmigración' ", afirmó a EHN Yesica Ramírez, una trabajadora agrícola que se convirtió en organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida con sede en Apopka, Florida.
Además de no tener un estatus legal, Beyranevand, profesor de la Facultad de Derecho de Vermont, dijo que los trabajadores agrícolas tampoco están adecuadamente protegidos por las leyes de seguridad laboral.
En la actualidad, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) exime a las explotaciones con 10 o menos empleados de sus normas de seguridad y regulación. Y aunque la OSHA regula la mayoría de los productos químicos tóxicos en el lugar de trabajo, la agencia no supervisa los pesticidas en los campos agrícolas. En su lugar, los pesticidas están regulados por la EPA en virtud de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas.
Las cosas empeoraron aún más durante la administración Trump. En octubre del 2020, la EPA revisó sus Normas de Protección del Trabajador, debilitando los requisitos de la zona de exclusión de la aplicación de pesticidas en el campo y relajando las normas para suspender la aplicación de pesticidas si los trabajadores o el público entran en contacto con la zona de aplicación. Sin embargo, debido a las peticiones, los cambios se han detenido temporalmente.
Atención médica inadecuada para los trabajadores agrícolas
Además de carecer de derechos legales, los trabajadores agrícolas también carecen de recursos para documentar e identificar los daños causados por los pesticidas, incluso si estuvieran dispuestos a comparecer, señaló Beyranevand.
Los datos federales mostraron que los trabajadores agrícolas migrantes y sus familias a menudo tienen un acceso limitado a la atención médica. Según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del 2015-2016, publicada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, solo el 47 % de los trabajadores agrícolas entrevistados en la encuesta tenía seguro médico, y solo el 63 % de los trabajadores agrícolas acudió a un proveedor de atención sanitaria en Estados Unidos en los últimos dos años.
Incluso cuando los trabajadores agrícolas buscan atención médica, Richmond, de la Universidad de Suffolk, dijo que a menudo carecen de acceso a instalaciones médicas que puedan ofrecer un seguimiento a largo plazo para tratar enfermedades crónicas. Un artículo de la revista Lancet de 2003 señalaba que los profesionales sanitarios "rara vez reciben capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la exposición a los pesticidas". Como resultado, muchos trabajadores agrícolas expuestos a los pesticidas han sido a menudo mal diagnosticados, dijo Economos, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
Economos, que lleva más de 10 años trabajando con trabajadores agrícolas migrantes para ayudarles a interponer querellas por exposición a pesticidas, también cree que se enfrentarán a inmensos obstáculos para comparecer y unirse a las demandas por Roundup.
"No te puedo decir cuántas veces la gente viene a nosotros con denuncias y luego escribo los detalles. Entonces les digo: 'Bien, ¿tengo su permiso para hacer su denuncia?' Me dicen que no", dijo. "No tienes idea de lo desgarrador que es eso".
Fotografía del encabezado: trabajadores agrícolas migrantes del sur de California. (Crédito: Russ Allison Loar / flickr)
